Tensión en el corazón del Suroeste: Presencia de grupos armados genera zozobra en municipios cafeteros
La tranquilidad característica de los paisajes cafeteros de Antioquia se ha visto empañada este mes de enero por una serie de actos de intimidación que han puesto en alerta máxima a las comunidades de Andes, Jardín y Betania. La aparición sistemática de banderas, grafitis y panfletos alusivos a estructuras del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y otros grupos armados ilegales ha roto la calma de los habitantes, quienes denuncian un intento de control territorial en puntos estratégicos de la subregión.
Insignias de terror en zonas rurales: El incidente más grave se registró en el corregimiento de Tapartó y en la vía que conduce hacia el municipio de Jardín, donde conductores y campesinos despertaron con banderas instaladas en puentes y fachadas de fincas. Estos símbolos, lejos de ser hechos aislados, coinciden con denuncias ciudadanas sobre la presencia de hombres armados que estarían realizando retenes esporádicos en caminos vecinales para identificar a los pobladores y recolectar información sobre la producción agrícola de la zona.
Presión económica sobre el gremio caficultor: Las autoridades de inteligencia han identificado que detrás de esta exhibición de símbolos existe una clara intención de extorsión. Aprovechando que enero es un mes de alta actividad económica para los productores de café, estas estructuras criminales buscan presionar el pago de las llamadas “vacunas”. El temor se ha extendido entre los comerciantes y dueños de fincas, quienes temen represalias si no acceden a las exigencias económicas de los grupos que buscan financiar sus operaciones mediante la coacción en el Suroeste.
Reacción institucional y recompensas: En respuesta a esta amenaza, el comando de la Policía de Antioquia ha desplegado unidades especializadas del Gaula Militar y la Policía Judicial para rastrear el origen de los panfletos y dar con el paradero de los responsables. Se ha anunciado una recompensa de hasta 200 millones de pesos por información que permita la captura de alias “Josa” y otros mandos medios señalados de coordinar estas acciones de propaganda armada. Además, se han instalado puestos de control permanentes en las entradas principales de los municipios para devolver la confianza a los turistas y locales.
La situación es seguida de cerca por la Defensoría del Pueblo, que ha emitido alertas tempranas para proteger a los líderes sociales y campesinos que se encuentran en mayor riesgo. La comunidad pide una presencia estatal que vaya más allá de la fuerza pública, incluyendo inversión social que blinde al territorio de la influencia de economías ilícitas. Para conocer el avance de estos operativos y la situación del orden público en la cordillera, recuerde que Antioquia es información.
