La decisión de la Corte Suprema de Justicia de mantener a Diego Fernando Murillo Bejarano, alias “Don Berna”, dentro del marco de la Ley de Justicia y Paz ha reabierto las heridas y el debate jurídico sobre los límites de la justicia transicional en Colombia. El tribunal tomó la determinación de negar la solicitud de expulsión que la Fiscalía y varios colectivos de víctimas habían interpuesto debido a sus reiterados incumplimientos procesales desde su reclusión en una cárcel de máxima seguridad en los Estados Unidos.
El peso histórico de un nombre
Para comprender el impacto de esta medida, es indispensable recordar quién es “Don Berna”. Murillo Bejarano fue el heredero de la estructura sicarial de la oficina de cobro tras la caída de los grandes carteles de la droga y, posteriormente, se transformó en el comandante de los bloques Cacique Nutibara y Héroes de Granada de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Bajo su mando se perpetraron algunas de las operaciones urbanas más sangrientas en la historia de la capital antioqueña, dejando miles de desaparecidos, ejecuciones extrajudiciales y desplazamientos forzados.
Su extradición en 2008 hacia suelo estadounidense por cargos de narcotráfico supuso un enorme obstáculo para los procesos judiciales en el país. Desde el exterior, la comunicación con las salas de Justicia y Paz se tornó deficiente, marcada por cancelaciones de audiencias, problemas técnicos y, según los denunciantes, una falta flagrante de voluntad política y personal para relatar los nexos de las autodefensas con sectores de la política tradicional y la fuerza pública.
El argumento jurídico: La supremacía del derecho a la verdad
La petición de exclusión se fundamentaba en que un postulado al beneficio de penas alternativas (que contemplan un máximo de 8 años de prisión a cambio de verdad y reparación) no puede mantener sus prerrogativas si decide guardar silencio o inasistir sistemáticamente a las diligencias programadas. Para los demandantes, la actitud de Murillo Bejarano constituía una burla al sistema y una revictimización para quienes llevan décadas buscando respuestas.
Sin embargo, el alto tribunal optó por una interpretación garantista enfocada en los derechos de las víctimas y no en el castigo del victimario. La Corte argumentó que expulsar a “Don Berna” de Justicia y Paz implicaría trasladar su caso de manera inmediata a la justicia ordinaria penal. Si bien esto significaría condenas de hasta 40 años de cárcel, en la práctica cerraría definitivamente las compuertas de la investigación transicional.
Al quedar fuera del sistema de incentivos, el exjefe paramilitar no tendría ninguna motivación legal para continuar compareciendo ni para entregar bienes que sirvan para la reparación económica de los afectados. La magistratura prefirió mantener la presión jurídica sobre el postulado, obligándolo a seguir respondiendo los cuestionamientos sobre fosas comunes, despojo de tierras y la identificación de los determinadores económicos del conflicto.
COMPARATIVA DE ESCENARIOS JURÍDICOS
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│ Escenario A: Permanencia en │ Escenario B: Expulsión a la │
│ Justicia y Paz (Elegido) │ Justicia Ordinaria │
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│ • Obligación de declarar. │ • Condenas más severas. │
│ • Entrega de bienes activa. │ • Pérdida de incentivos. │
│ • Verdad procesal prioritaria│ • Cierre de canales de verdad│
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La insatisfacción de las víctimas y el futuro del proceso
A pesar del sustento legal de la Corte Suprema, las organizaciones de derechos humanos en el departamento recibieron la noticia con un profundo escepticismo. Señalan que la “verdad a cuentagotas” que ha entregado el exjefe criminal a lo largo de casi dos décadas no ha permitido esclarecer casos emblemáticos de desaparición forzada en las comunas de la ciudad.
El reto para los magistrados y fiscales del caso radica ahora en diseñar mecanismos de control mucho más estrictos y eficaces que venzan las barreras de la distancia y el aislamiento carcelario en el extranjero. El tiempo juega en contra; muchas de las madres y familiares de las víctimas están falleciendo debido a la vejez sin conocer el paradero de sus seres queridos, demostrando que una justicia que tarda demasiado corre el riesgo de convertirse en impunidad.
